La estrategia política del Gobierno pasa por destruir el legado de la Transición. Las instituciones democráticas en España proceden legal e históricamente de las del régimen anterior. Con su finalización se inició un proceso “de la ley a la ley” que derivó en el reconocimiento mutuo y la mirada hacia el futuro como principales fundamentos. José Luis Rodríguez Zapatero y el Partido Socialista están en el camino opuesto en ambos campos. Por un lado mantienen la estrategia de aislar al partido que representa al centro derecha. Por otro, miran permanentemente al pasado con un criterio sectario y que alimenta los odios que había enterrado la Transición. Todo ello confluye en el intento de deslegitimación del Partido Popular, por el burdo camino de rescatar categorías viejas con las que desvirtuar al partido que ha estado gobernando ocho años.
Hace un mes Jaime Mayor Oreja dio otra dimensión a este análisis, relacionándolo con otra de las fracturas abiertas por Rodríguez Zapatero y con la que ha infligido desde hace décadas la banda asesina ETA. En resumen, Mayor Oreja consideró entonces que ETA incluía en su estrategia la labor que se pudiera hacer desde Cataluña para la ruptura de España, que es su objetivo inmediato. El primer mojón de esa implicación es el siniestro pacto de Perpiñán, cuyo significado profundo estamos empezando a ver ahora. La propuesta de un nuevo Estatuto para Cataluña, que la define como nación y que reserva para las instituciones regionales la decisión de cuáles son las fuentes de derecho en dicha comunidad autónoma, es la elaboración catalana del mismo proyecto defendido por Ibarreche en el Parlamento en febrero de este año. El camino institucional a la ruptura de España. Otro punto importante es la necesidad mutua de Rodríguez Zapatero y ETA. La banda asesina para quebrar la unidad española, y el presidente para que una tregua tan falsa como la primera legitime temporalmente su proyecto político.
Su análisis ha sido confirmado, por lo que se refiere a la estrategia de ETA, con el comunicado de la banda asesina enviado a la cadena británica BBC. El comunicado está construido desde la fraseología etarra habitual, que llama “conflicto vasco” a su actividad criminal y a la respuesta del Estado de Derecho. Hace mención a la postura pública del Gobierno al decir que hay “declaraciones que aportan elementos novedosos”. Y finalmente define como nación a Cataluña, dando cobertura a las intenciones de los nacionalistas catalanes plasmadas en el nuevo Estatuto. Y utiliza el término nación al que José Luis Rodríguez Zapatero está buscando acomodo sin que ello le reporte excesivo rechazo en el resto de España.
Cabe preguntarse hasta dónde está dispuesto José Luis Rodríguez Zapatero a llevar a cabo el doble proceso de negociación con ETA y aprobación de un texto literalmente inconstitucional, que cedería en las autoridades regionales catalanas la decisión sobre las fuentes del derecho en la región. No conocemos cuáles serían los límites autoimpuestos por el Gobierno, si es que tiene alguno. Tampoco sabemos si despertará la sociedad española ante todo este proceso, aunque las últimas encuestas, elaboradas inmediatamente después del debate sobre la admisión en el Parlamento del texto soberanista catalán, parecen marcar una tendencia positiva.
